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Basta con ver las noticias de los informativos televisivos para observar imágenes de un planeta “asfixiado” por la contaminación del aire, de un mundo que va perdiendo sus bosques cada día producto de la deforestación, el monocultivo o el uso intensivo del suelo. Si sumamos a esto la contaminación por los desechos industriales, junto al deshielo y al aumento del nivel del mar nos encontramos que nuestra madre Tierra pide acciones de cuidado y preservación. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y con el propósito de reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza, nuestro vínculo con el entorno y la importancia de ordenar y gestionar el territorio como clave para el desarrollo y la equidad, se entrevistó a Vanesa Arzamendia, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la UNL e investigadora del Instituto Nacional de Limnología (INALI-UNL-Conicet) y a María Valeria Berros, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) e investigadora del Conicet en el Centro de Investigaciones de la mencionada unidad académica.

“El desafío reside en no ubicarnos como seres humanos todopoderosos que tenemos que explotar el ambiente, sino más bien acercarse a una perspectiva donde la propuesta radique en integrarse/nos a la naturaleza, cuidando el ambiente que habitamos, es decir, no conocer para explotar, sino conocer para integrarse y proteger la naturaleza”, sostuvo Vanesa Arzamendia.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta ¿qué es el medio ambiente? Se lo concibe como “un entorno formado por elementos naturales y artificiales, es un lugar determinado y en un momento dado, con características propias. El entorno abarca la interacción de todos los seres vivos, el clima, los recursos naturales que afectan la supervivencia humana, e incluye las diferentes actividades humanas, teniendo en cuenta valores naturales, sociales, económicos y culturales”, explicó Arzamendia.

Dada la importancia de asegurar el uso ambiental adecuado de los recursos ambientales y lograr una mayor calidad de vida “en nuestra Constitución Nacional, en la reforma de 1994, se incorpora el derecho a un ambiente sano”, aclaró Berros, y añadió: "Dice el artículo 41: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".

Un modo para “integrarnos a la naturaleza de manera amigable” es  conocer y admirar nuestros recursos naturales, que se hallan –por ejemplo-, en las cercanías del río: “el Paraná tiene una biodiversidad muy grande, las aves acuáticas y la comunidad de flamencos que a cualquiera maravilla; como así también, plantas y flores que están en nuestro patrimonio”, prosiguió Arzamendia.

“Empezar a salir a estos ambientes respetando, con una perspectiva de cuidado  y de disfrute sería la consigna. La protección del ambiente no es un tema prioritario de expertos, sino que involucra a la sociedad en su conjunto”, continuó.

Ordenamiento territorial

La humanidad ha mostrado a lo largo de su evolución la tendencia a modificar los ecosistemas terrestres. Con el crecimiento poblacional y los avances tecnológicos se han producido modificaciones drásticas en el ambiente.

En este sentido, “la sociedad ha visto la necesidad de adecuar las actividades en distintos espacios del territorio sometido a un uso desordenado, que lleva al deterioro de los recursos con impactos negativos sobre el ambiente. Una forma de conservar el ambiente es a través del ordenamiento territorial, que implica la expresión espacial que incluye las acciones del hombre, del ambiente, las características culturales, ecológicas, económicas para tratar de mantener la sostenibilidad del medio ambiente”, explicó Arzamendia.

“Es una disciplina científica donde hay un conocimiento técnico, una parte administrativa, y una gestión política, concebida como un enfoque interdisciplinario cuyo objetivo es la organización del espacio para sostener el ecosistema y las actividades que el hombre desarrolle en esa región”, añadió.

“Podemos sintetizar el proceso en tres etapas. Encontramos, en primer término, una fase de diagnóstico, en donde se involucra a técnicos (biólogos, sociólogos, geógrafos, entre otros), y a los ciudadanos que habitan ese lugar, dado que cada eco-región tiene sus características y actividades sociales propias. Se determina la situación actual, teniendo en cuenta la perspectiva histórica. Luego, hay un período de planificación territorial, que es interdisciplinario y, al mismo tiempo,  transdisciplinario, en donde se combinan y entrelazan las disciplinas para obtener resultados, se plantean propuestas, se realiza la valoración y capacidad de sostenibilidad ambiental y se planifica proponiendo iniciativas  alternativas, para hacer un buen uso del ambiente. Esta instancia implica tomar medidas preventivas para anticiparse a los problemas ambientales detectados en la primera etapa”, comentó Arzamendia. “A posteriori, hay una etapa de la gestión territorial que le incumbe particularmente a la gestión política, en donde tienen que aplicar las propuestas que hayan hecho los miembros de la sociedad y los/as especialistas”, expresó.

“En todo este proceso, es fundamental una participación amplia de la población porque son los primeros actores locales que van a dar una información sobre los usos y actividades del territorio, los técnicos proponen cómo ordenar el territorio y la gestión  lleva a cabo la ejecución y aplicación de las propuestas para hacer efectivo el proceso de ordenación”, enfatizó Arzamendia.

En este marco, María Valeria Berros trae a colación la entrada en vigencia, en 2021, del Acuerdo de Escazú (Costa Rica, el 4 de marzo de 2018), dado que “es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, afirmó.

“En este contexto, lo que se cuestiona es cómo ampliar la participación social en la toma de decisiones que refieren al ambiente o sus componentes. Se tensionan las nociones de democracia representativa y democracia participativa dado que en los asuntos ambientales  es relevante que la ciudadanía participe  porque el Estado no puede tomar  decisiones a espaldas de la población que habita en ese territorio. Fundamentalmente, porque la resolución  no va a llegar a buen puerto, si no hay un consenso en la población para que así suceda”, indicó Berros.

“Los problemas ambientales no son un problema biológico solamente, sino que incluye la participación social. Por eso, el aporte del derecho es fundamental, entre otras disciplinas sociales”, reflexionó Arzamendia.

Un ejemplo: Sitio Ramsar Jaaukanigás

Una de las principales acciones para abordar las crisis socioambientales tanto a nivel gubernamental, como no gubernamental (ONG), lo constituyen la creación de áreas protegidas. En Santa Fe se ha desarrollado un modelo de área protegida que promueve el uso sostenible de los recursos y la participación comunitaria. Se trata del Sitio Ramsar Jaaukanigás en el río Paraná (provincia de Santa Fe, Argentina), humedal que es poseedor de una diversidad biológica y cultural extraordinaria. En esta región del nordeste provincial, convergen dos provincias fitogeográficas, la Paranaense y la Chaqueña húmeda y presenta una alta diversidad florística y faunística, en donde se han reportado 699 especies de vertebrados, es decir, el 79% de la diversidad de este grupo en la provincia. Esta iniciativa es una experiencia transdisciplinaria y participativa, poco desarrollada como modelo de conservación en la Argentina. Participaron de su creación, en la provincia de Santa Fe, en el 2000 y por iniciativa como generador de la propuesta el Instituto Nacional de Limnología (INALI – UNL -Conicet), la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Santa Fe (SMADES), la Estación Experimental Reconquista del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Cultura Popular (INCUPO) Reconquista;  las facultades de Ciencias Agrarias y de Humanidades y Ciencias de la UNL.

Este humedal de importancia internacional está ubicado en el Departamento General Obligado, abarcando una superficie de aproximadamente 492.000 hectáreas de bosque fluviales y humedales del río Paraná. Quedan incluidas en el área numerosas localidades que participan en distintas actividades: Reconquista: Los Laureles, Avellaneda, Guadalupe Norte, Las Garzas, Arroyo Ceibal, El Sombrerito, Villa Ocampo, San Antonio de Obligado, Las Toscas, El Rabón, Florencia.

La UNL pionera en la materia

En lo que respecta a algunas líneas de trabajo en la temática, son numerosas las propuestas que se desarrollan en distintas facultades de la UNL e Institutos de dependencia compartida entre UNL- Conicet.  El Instituto Nacional de Limnología (INALI) de doble dependencia Conicet-UNL, promueve como actividades principales las áreas vinculadas a la ecología, monitoreo, conservación y manejo de sistemas acuáticos.

“Dentro de sus principales objetivos se encuentra el estudio ecológico del río Paraná Medio y los mayores esfuerzos se concentraron en conocer su biodiversidad, evaluar su dinámica y funcionamiento y contar así con una base de conocimientos que permitan reconocer eventuales alteraciones antrópicas a lo largo de su curso. En la actualidad las actividades están dirigidas no sólo al estudio de la dinámica y funcionamiento del río Paraná y su llanura aluvial, sino también a la calidad del agua (especialmente el impacto de la contaminación), las especies amenazadas, invasoras e introducidas, la fragmentación de hábitats y la conservación de la biodiversidad, seleccionando áreas prioritarias con alta riqueza de especies determinadas con criterios científicos”, expresó Arzamendia.

Asimismo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL dicta la carrera de  Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural que “profundiza la formación recibida por los graduados, y procura ampliar la capacitación profesional, en las problemáticas de Derecho Ambiental y Protección del Patrimonio Cultural”.  Esta es una carrera de doble titulación, en convenio con la Universidad de Limoges (Francia). 

También se encuentra  el  Laboratorio de Ecología de Enfermedades (LEcEn ), en la ciudad de Esperanza, a cargo del Dr. Pablo Beldomenico, que estudia diferentes animales silvestres (roedores, aves, yacarés, carnívoros, guanacos, entre otros). Representa un grupo interdisciplinario que estudia fenómenos de salud y enfermedad en sistemas naturales. Desde marzo de 2013, el LEcEn forma parte del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), unidad ejecutora de doble dependencia UNL-Conicet.