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Tal como se conoció en estos días, el conflicto del campo es uno solo. Pero según el análisis de especialistas de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) el conflicto del campo es muchos conflictos, tantos como pequeños y medianos productores existen tierra adentro, más allá de las luces de la gran ciudad que hoy mira atenta un tema que no termina de comprender.
“En nuestra zona la mayor parte de los productores son pequeños y medianos; incluso aquí la soja no es la principal actividad, sino que es un paliativo que subsidia otra actividad que los propios productores no quieren dejar”, comenzó a describir el Ing. Luis Rista, decano de la FCA y uno de los firmantes del comunicado con que se expidió esa institución sobre el problema, en un escrito aprobado por su propio Consejo Directivo (ver aparte).
Pero esta situación –opina Rista- es ignorada por la mayoría de la población, que está algunos kilómetros más lejos de la verdadera esencia del problema. “No hay una visión integral de la problemática del campo, ni una diferenciación real entre los pooles de siembra, los pequeños y medianos productores y los grandes terratenientes. Pareciera que el campo estuviera sólo en manos de los grandes capitales”, opinó Rista.
En rigor de verdad, los números hablan por sí mismos: en el departamento Las Colonias, según datos de los censos 1988 y 2002, se dio una notable desaparición de establecimientos más chicos (entre el 40 y 50%), un aumento de los más grandes (del 20 al 30%) y la aparición de empresas agropecuarias de grandes superficies, en detrimento del pequeño y mediano productor.
Este proceso de transformación, que fue estudiado por investigadores de la FCA, efectivamente habla de una clara tendencia de disminución de los propietarios de la tierra (contra cada vez más arrendatarios, o productores que deciden que alquilar las tierras es más redituable que cosecharlas); y una cada vez mayor superficie en manos de una cada vez menor cantidad de arrendatarios. En otras palabras: la muerte del pequeño y mediano productor viene siendo –según estos números- una sentencia hace unos cuantos años presagiada.
“El proceso de transformación tiende a degradar la figura del productor puro, como principal actor histórico dominante del territorio”, dice Rista. Algo que los que ven solamente un conflicto no pueden comprender.
“Hay un profundo desconocimiento de las distintas situaciones del sector agropecuario”, opinó Rista y eso perjudica tener una real dimensión del problema. “La política tomada desde el gobierno nacional lleva a la desaparición del productor chico y a la concentración del capital entre aquellos que pueden sostener por más tiempo esta situación. Vamos a terminar matando la figura del productor, del trabajador que ha sustentado al país durante muchos años”, agregó el decano.  

Las retenciones, en el tiempo
La medida tomada por el gobierno nacional plantea un esquema de retenciones móviles (el porcentaje se incrementa en la medida en que suben los precios internacionales de los granos). En el caso de la soja, de acuerdo a su cotización actual, la tasa de retención pasa del 35 al 49%, un número hasta ahora sin precedentes.
“Históricamente, en la década del ‘60 y ‘70 las retenciones al sector agropecuario oscilaron bastante pero en promedio se puede decir que fueron del 15%. A fines de los ‘80 llegaron a un máximo, con el gobierno de Alfonsín, de entre un 30 y 40% para cereales, oleaginosas y derivados”, contextualizó Edith Guiguet, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNL. 
Según expertos, el efecto más inmediato de la aplicación de la retención es un precio menor por el producto exportado, lo que se traslada a través de la cadena al productor de la materia prima.
Si los precios de los insumos aumentan -sobre todo aquellos que se importan o que varían según la evolución de las divisas- disminuye la rentabilidad. Esto quita incentivos para una mayor inversión, cambios tecnológicos e incrementos de la productividad. El efecto es más fuerte en los productores pequeños por su falta de economías de escala, posibilidades de financiamiento externo, poder negociador en las compras de insumos y ventas, entre otros factores.

¿Por qué retenciones?
El arancel a las exportaciones es un impuesto a los bienes exportados, lo que constituye una transferencia de recursos desde el sector afectado al Estado. En Argentina se aplicaron estos aranceles en distintos momentos con dos fines: aumentar la recaudación fiscal y controlar el nivel de los precios internos.
¿Cómo son redistribuidas las retenciones? “Cuando se restablecen las retenciones en el 2002 el gobierno alegó la necesidad de financiar el gasto social, los llamados Planes Jefes y Jefas de Hogar. Pero la recaudación rápidamente superó holgadamente lo destinado a este fin. Por ejemplo, en la asignación presupuestaria del año 2003 un total de 1,9 millones de personas recibieron planes sociales con un monto de 3,5 millones de pesos, pero la recaudación por derechos de exportación superó los 9 millones”, explicó Guiguet.
“La totalidad de lo recaudado en concepto de derechos de exportación se destina al Tesoro Nacional, constituyendo un promedio significativo del total del ingreso fiscal que dispone libremente el gobierno nacional sin dar coparticipación a los gobiernos provinciales, de cuyos territorios y recursos proviene la producción que lo genera”, agregó.