Informe de la UNL
Proponen una gestión integrada de los recursos hídricos en Santa Fe
Martes 4 de abril de 2017 / Actualizado el miércoles 5 de abril de 2017
Tres facultades de la UNL realizaron un informe que analiza el impacto en el sistema social y productivo de la provincia, entre otros aspectos, afectados por las inundaciones del último año. ¿Cuáles son las amenazas y vulnerabilidades?
Las facultades de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), de Ciencias Veterinarias (FCV) y de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) elaboraron el informe “Hacia una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la Provincia de Santa Fe”. El trabajo realizado por docentes e investigadores de las tres unidades académicas analiza las consecuencias de las inundaciones provocadas por lluvias y crecida de los ríos, en el último año, en la provincia; cuáles son las amenazas y vulnerabilidades de los recursos hídricos en el territorio santafesino, y propone lineamientos y recomendaciones para “reducir el riesgo de desastres y promover una cultura de la resiliencia”.
En el informe se analiza el impacto severo de dos eventos hidrometeorológicos sobre el sistema socio-productivo: en primer lugar, se recuerda que las intensas precipitaciones ocurridas entre enero y abril de 2016, sumado a las crecidas de los ríos Paraná y Salado, originaron “el anegamiento del 80% de la cuenca lechera y de más de la mitad de la superficie provincial, con pérdidas económicas significativas en la producción agrícola, lechería, ganadería bovina y otras economías regionales, estimadas por el gobierno provincial y fuentes privadas en el orden de los $40.000 millones”. Unos 4.000 evacuados y autoevacuados, y el daño en los caminos rurales y rutas son algunas de las consecuencias inmediatas de ese evento, que llevaron al gobierno provincial a declarar la emergencia agropecuaria en 18 de sus 19 departamentos.
El segundo evento, originado por lluvias intensas caídas entre diciembre de 2016 y mediados de enero de 2017, ocasionaron daños estimados hasta el momento en 18.000 millones de pesos; lo que arroja un total de 58.000 millones de pesos de pérdidas, en el último año.
“Está claro que existe en la provincia un riesgo de desastre hídrico muy alto”, señaló el decano de la FICH Raúl Pedraza, en relación a la preocupación que motivó el informe; y recordó que organizaciones como la ONU “recomiendan que para mitigar el riesgo hídrico lo primero que hay que hacer es conocer cuáles son los factores que generan amenazas y vulnerabilidades, y cómo están cambiando a corto y largo plazo, seguido de actuaciones realizadas en base a esos conocimientos”.
Amenazas y vulnerabilidades
El informe se detiene en los factores que determinan el riesgo hídrico de la región, citando fuentes internacionales y locales que dan cuenta de la “variabilidad y cambio climático como factor de amenazas”. En esa línea se menciona que el estudio de la FICH “Vulnerabilidad de los Recursos Hídricos en el Litoral–Mesopotamia” (2006), detectó que “desde inicios de la década del ‘70 las regiones nordeste y central de Argentina sufrieron un importante cambio climático hacia condiciones más húmedas y cálidas. En gran parte de la Provincia de Santa Fe, la precipitación anual media aumentó un 20% con respecto al período 1930-1971”. La incidencia del relieve de llanura, la expansión de la frontera agrícola –especialmente para la producción de soja– la deforestación, el aumento de canalizaciones no planificadas y la falta de una rotación sustentable, también son citados en el documento como factores que acrecientan el riesgo.
En lo que al sector productivo provincial respecta, la investigación concluye que si bien se ve también afectado por los ciclos de sequía, “la amenaza más fuerte para los sistemas productivos regionales son las inundaciones”. En el caso de la producción lechera, se señala que el temporal de abril de 2016 “produjo pérdidas de casi 2 millones de litros diarios de leche y severos daños en la cosecha de soja. A menos de un año de dicho evento, las precipitaciones de enero de 2017 causaron una caída adicional de la producción y pérdidas de pasturas entre el 10 al 100%, con un promedio del 35%. Además, la destrucción de callejones, accesos, entradas y salidas de los tambos”.
“Esta crisis puso en jaque toda la infraestructura y la gente que vive en el campo la pasó muy mal. Todo el sistema social se ha visto alterado”, apuntó el decano de la FCA, Norberto Gariglio. “La mirada de nuestro informe también está puesta sobre los riesgos probables, además de las consecuencias directas que provoca una situación de exceso hídrico”, agregó el decano de FCV, Humberto Occhi, en alusión a los riesgos epidemiológicos sanitarios que se ocasionan cuando el equilibrio ambiental se ve alterado, y el sistema inmunológico de los animales se vuelve vulnerable. “Las tres facultades estamos muy atentas a estas problemáticas de la región y trabajamos a partir de la inserción territorial que tenemos con las instituciones intermedias, las asociaciones de productores y los espacios donde participan dependencias provinciales”, remarcó Gariglio.
Recomendaciones
“Nuestra expectativa es contribuir desde la UNL con los organismos provinciales involucrados para que se implementen las acciones estructurales y medidas no estructurales necesarias para mitigar el riesgo hídrico”, señaló el decano Pedraza. Y citó como ejemplo de estas actividades, que desde septiembre de 2016, en el marco de un convenio firmado por la UNL y el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia, un equipo integrado por especialistas de la FICH y la FCJS, está realizando una revisión integral del Proyecto de Ley de Aguas de la Provincia de Santa Fe que se encuentra en tratamiento legislativo; y se participa en otras iniciativas, como el desarrollo del Plan Director de Recursos Hídricos de algunas regiones hídricas de la provincia.
Asimismo, el documento plantea la promoción de buenas prácticas agronómicas y de conservación de suelos; el mantenimiento de las redes telemétricas y de los sistemas de alerta de crecidas en cuencas prioritarias; el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial rural; el fortalecimiento del marco normativo e institucional, entre otras recomendaciones.