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La Universidad Nacional del Litoral (UNL) presentó el informe “Educación en contextos de encierro. Problemas y desafíos” realizado por el equipo del Observatorio Prisión y Derechos Humanos, coordinado por Máximo Sozzo, en el marco del Programa de Extensión Delito y Sociedad. Los resultados cualitativos del estudio, fueron organizados ocho ejes problemáticos, y en dos partes que permitieron comparar el funcionamiento de los espacios educativos dentro de la prisión de varones y la de mujeres.
Así, se analizó la flexibilidad organizativa, referida a aspectos tales como la inscripción, asistencia a clases, organización de los cursos, y modos de evaluación y promoción. Además, se abordó la disponibilidad de recursos materiales y humanos; la superposición de las actividades pedagógicas con otras que tienen lugar en el Servicio Penitenciario; la relación de la institución educativa con la lógica de la prisión; y la articulación con otros actores y espacios de capacitación que funcionan dentro del sistema penal.
Otro de los ejes del informe problematiza la influencia que podría tener en los internos, la reforma de la Ley 24.660 sancionada en julio de 2011, que incorporó el denominado “estímulo educativo”, por el que se creó un régimen que pretende estimular su interés por estudiar, permitiéndoles avanzar en forma anticipada en el régimen progresivo de ejecución de la pena. El estudio también indagó en los testimonios aspectos de la convivencia al interior de los espacios educativos.
En cuanto a los desafíos que afronta el ejercicio del derecho a la educación; entendida como una herramienta para la disminución de la reincidencia, que facilita la reinserción social, Luciana Ghiberto, becaria del Observatorio, señaló que “el reclamo más constante es de recursos al interior de la cárcel. En el caso de la prisión de mujeres funcionan solamente dos aulas satélites, y se planteó también la necesidad de contar con recursos humanos que se dediquen exclusivamente a tareas administrativas, o a tratar con el sistema penitenciario”.
Asimismo, mencionó que “se reclama la importancia de declarar formalmente que la escuela es un espacio importante dentro de la cárcel porque los internos están privados de su libertad, pero no del derecho a la educación; que sería importante que para la administración del penal la educación sea central; y que las posibilidades de acceso sean iguales para todos”.

Sobre la presentación
La actividad en la que se presentó el informe se realizó este miércoles 21 de agosto en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS), donde se reunieron los integrantes del proyecto, docentes y directivos de las instituciones educativas que funcionan en las Unidades Penitenciarias Nº 2 de Las Flores; y Nº 4, de Mujeres.
El estudio fue llevado adelante por un equipo de estudiantes y graduados de las carreras de Derecho y Sociología de la UNL, que participan del Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) Observatorio Prisión y Derechos Humanos.
Desde el punto de vista metodológico, el estudio consistió en unas 70 entrevistas semiestructuradas que respondieron docentes y estudiantes del nivel primario y secundario; y alumnos que acceden al aula virtual de la UNL, que funciona en la cárcel de Las Flores.
“Desde hace un tiempo, el Observatorio realiza una actividad que consiste en visitas a las dos prisiones de la ciudad de Santa Fe sobre temáticas específicas, rescatando la voz de las personas que viven y trabajan allí, para poder visibilizar ciertos problemas que existen en el ejercicio de los derechos por parte de la población privada de su libertad”, contextualizó el coordinador del estudio, Máximo Sozzo.
En esa línea, explicó que “en esta ocasión decidimos trabajar el problema de la educación, que es una temática en la que la Universidad tiene mucha empatía; abordando cómo funcionan las distintas instancias educativas al interior de las prisiones, y qué problemas enfrentan en la actualidad”.
La presentación pública del informe constituyó a su vez una instancia de intercambio con los actores que participaron del estudio “para promover un debate sobre cómo superar los obstáculos que se identificaron”, comentó Sozzo.