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El Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), presentó hoy su segundo informe denominado “La reforma de la justicia penal. Las voces de los fiscales”, producto de una de las líneas de trabajo que el Observatorio se dio desde su conformación en septiembre de 2014.

Este segundo documento se realizó en base a entrevistas semiestructuradas abarcando a todos los fiscales del centro y el norte de la Provincia de Santa Fe (de las ciudades de Reconquista, Vera, San Cristóbal, San Jorge, Rafaela y Santa Fe), -con la excepción de un fiscal de la ciudad de Santa Fe que se negó a participar del estudio. Además, según introduce el Informe, se entrevistó también a dos de los tres fiscales regionales, a quienes se les aplicó un cuestionario modificado.

A partir del diseño de un cuestionario sobre el proceso de implementación de la reforma de la Justicia Renal, la conformación del Ministerio Público de la Acusación, las prácticas cotidianas de los fiscales y los obstáculos que enfrentan así como sobre percepciones y valoraciones más generales acerca de la cuestión criminal, el informe presenta los principales datos empíricos producidos de acuerdo a las voces de los fiscales, rescatando, simultáneamente, sus consensos y disensos.

En la presentación, Albor Cantard, rector de la UNL, insistió en recordar que “una de las deficiencias que tienen estos sistemas en América Latina es justamente la falta de información y, como consecuencia de ello, la falta de diagnósticos y la imposibilidad de plantearse mejora”. Cantard remarcó que según lo que expresa el informe “vemos algunos números que nos obligan a comprometernos en esta tarea como Universidad nacional, ya que el 86% de los entrevistados son egresados de universidades públicas, y de ese porcentaje el 81% se graduó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL”.

Principales conclusiones

En el acto de presentación, Máximo Sozzo, director del Observatorio, destacó que “entre los fiscales existe una mirada, en general, optimista acerca del funcionamiento del nuevo proceso penal. Esto no quiere decir que no se reconozcan obstáculos, como la escasez de recursos humanos y materiales; la falta de un órgano de investigación propio del Ministerio Público de la Acusación y los defectos de personal policial que hoy se desarrolla en tareas de investigación; y la supervivencia de prácticas judiciales propias de la vieja justicia penal. Lo interesante es que, de estos tres inconvenientes rescatados por los fiscales, dos de ellos eran también señalados por los defensores públicos en el primer informe realizado. Entonces vemos ahí un diagnóstico bastante coincidente en el marco de una mirada que es optimista”. 

Fiscales

Sozzo explicó que en el caso de las entrevistas con los fiscales, se introdujeron nuevas preguntas para evaluar la realización de las grandes promesas de la reforma. Como primera promesa evaluada surge la de crear una Justicia Penal más eficaz y eficiente, la cual “es valorada por los fiscales de un modo bastante crítico. Hay básicamente tres posiciones: una muy optimista, que cree que esta promesa se está realizando efectivamente; hay una posición poco menos optimista que dice que sí se está realizando pero con dificultades; y hay una tercera, que ocupa la mitad de los entrevistados, que dice que esa promesa no está ocurriendo”.

Según el informe, las otras promesas fundamentales de la reforma son valoradas mucho más positivamente. En primer lugar, los fiscales creen que efectivamente se está logrando reforzar la transparencia en el funcionamiento de la Justicia Penal. En segundo lugar, consideran que hay un indudable mayor respeto a las garantías penales y procesales del imputado. Y en tercer lugar, que se está generando una participación más activa y efectiva de la víctima. Esas tres promesas del proceso de reforma son consideradas en general en forma más positiva y optimista, y de manera bastante homogénea en las distintas regiones.

“Lo que hay que pensar también aquí es una clara desvinculación del proceso de reforma a la producción de mayores niveles de seguridad. Es un tema sobre el cual es preciso trabajar más, teniendo en cuenta las formas culturales que los actores de la justicia penal producen. En las entrevistas, hubo algunos fiscales que consideraron que hay una promesa de esta reforma de la Justicia Penal que es la de reducir el delito. Y realmente, no sé bien de dónde sale porque no forma parte del ethos básico del proceso de reforma. Las justicias penales reformadas no reducen el delito, aun cuando estén bien reformadas. Nunca lo hicieron, en ningún lado, por lo tanto no hay ninguna necesidad de que le pongamos la vara tan alta al proceso de reforma”, concluyó Máximo Sozzo.

Descarga de los informes realizados por el Observatorio.