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El Programa Género, Sociedad y Universidad de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) participó de la confección del Informe Sombra sobre la aplicación y funcionamiento del tratado internacional sobre derechos de las mujeres —Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)— en el país.  Los datos indican que existe una mayor participación política y pública de las mujeres en nuestro país, sin embargo aun persiste la segregación ocupacional y la concentración de las mujeres en empleos poco remunerados, por las disparidades salariales entre mujeres y hombres en los sectores público y privado.
El tratado internacional sobre derechos de las mujeres cuenta con una jerarquía idéntica a la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. El Comité CEDAW es, dentro de Naciones Unidas, el organismo encargado de monitorear a los Estados en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas.  En este marco, distintas instituciones argentinas que trabajan por la realización efectiva de los derechos humanos confeccionaron un Informe Sombra, a fin de evaluar efectivamente la actuación del Estado Argentino y tomar medidas en consecuencia.
El informe presenta la situación de las mujeres en distintos ámbitos de lo público y privado tanto a nivel nacional como en algunas jurisdicciones provinciales. A continuación se ofrecen algunas de las recomendaciones que hizo el Comité al Estado Argentino en dos temas: representación política y trabajo.

La desigualdad persiste
Particularmente sobre participación política y pública de las mujeres, las recomendaciones finales de la CEDAW para el Estado Argentino celebraron que haya aumentado notablemente el número de mujeres que se dedican a la política. Se resaltó que por primera vez se haya elegido a una mujer Presidenta del país; que, tomadas en conjunto, las candidatas a la presidencia obtuvieran más del 78% de los votos emitidos; que un cuarto de los ministerios esté dirigido por mujeres y que, en el momento actual, el 22% de los secretarios del Poder Ejecutivo Nacional nombrados y el 23% de los subsecretarios sean mujeres.
Asimismo, se observó que numerosas mujeres ocupan puestos superiores o ejecutivos en otras instituciones y organismos de la administración nacional o las administraciones provinciales, tanto en el poder legislativo nacional como en algunas legislaturas provinciales, en la judicatura y, en cierta medida, en el sector privado.
Sin embargo, las diferencias entre las distintas provincias son notorias. Por ello, el Comité instó al Estado a resolver la gran disparidad entre las provincias en lo que se refiere al grado de participación y representación políticas de las mujeres, en particular invirtiendo en campañas de educación y sensibilización orientadas a eliminar los obstáculos sociales imperantes y desmontar las actitudes y estereotipos sexistas que siguen predominando en algunas regiones.

Las condiciones de trabajo siguen siendo desiguales 
Con relación al empleo, el Comité elogió las medidas adoptadas para reducir la tasa de desempleo de las mujeres, así como la función de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres en el ámbito laboral. No obstante, expresó preocupación por las desigualdades en las condiciones de trabajo para las mujeres en los sectores estructurados y no estructurados de la economía, por la persistencia de la segregación ocupacional y la concentración de las mujeres en empleos poco remunerados, por las disparidades salariales entre mujeres y hombres en los sectores público y privado, por la falta de servicios de guardería y la ausencia de legislación relativa al acoso sexual en el lugar de trabajo.
A pesar de que se han adoptado algunas medidas para proteger a las empleadas domésticas, el Comité observó con preocupación que su situación sigue siendo precaria. Asimismo, la incorporación de la mujer al mercado laboral no implicó un aumento en el reparto entre varones y mujeres de la responsabilidad principal en la realización de las tareas reproductivas y de cuidado de los miembros dependientes del hogar (niños, adultos mayores, personas con necesidades especiales de cuidado).
Por todo esto, el Comité CEDAW exhortó al Estado Argentino a adoptar las medidas necesarias para garantizar una mejor aplicación de su legislación laboral, remediar las desigualdades salariales, alentar a la mujer a buscar empleo en disciplinas no tradicionales, promulgar legislación relativa al acoso sexual en los lugares de trabajo públicos y privados —incluidas sanciones eficaces— y proporcionar protección integral a las empleadas domésticas. El Comité alentó también a tomar medidas para proporcionar servicios de guardería económicos y accesibles que permitan a las mujeres conciliar sus responsabilidades laborales y familiares.
Participaron en la confección de este informe, además del Programa de Género de la UNL, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Center on Housing Rights and Evictions (COHRE) y otras instituciones de la Argentina: Acción por los Derechos en el Noroeste (ADN) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), cuyo propósito es promover y asegurar la igualdad sustantiva entre mujeres y varones, detectar situaciones de discriminación y restricciones al acceso a la justicia y asegurar que en el goce de los derechos humanos fundamentales, todas las personas cuenten con la protección legal efectiva del Estado.

 Para acceder al informe consultar en www.ela.org.ar