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Bajo el título de “Lhaka Honhat. Nuevas generaciones, nuevas luchas por el territorio en el Chaco Salteño" se desarrolló el pasado martes 21 de noviembre una charla debate. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) fue el punto de encuentro entre estudiantes, docentes y público en general.

Cristina Pérez, representante de la comunidad Wichi Cañaveral de Santa Victoria Este y Ervis Diáz, de la comunidad Wichi La Puntana fueron los encargados de exponer ante el auditorio. En esta oportunidad estuvieron acompañados, además, por la abogada María José Bournissent, en representación de la UNL y Morita Carrasco, Antropóloga y Doctora en Área Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Organizada por el Programa de Extensión “Derechos Humanos”, la actividad propuso la reflexión sobre los conflictos territoriales desde la mirada de los pueblos originarios. Con el objetivo de visibilizar la memoria de los pueblos en lucha, la charla propuso un recorrido por las acciones desarrolladas a través de diferentes voces. Con relatos en primera persona, la propuesta incluyó poemas, historias y debate.

Sobre la lucha 
En 1984 un grupo de personas de los pueblos wichí, chorote, chulupí, toba y tapiete solicitaron al gobierno de la provincia de Salta obtener un solo título de propiedad a nombre de todas las comunidades de un territorio sin divisiones internas, es decir, sin divisiones en la superficie del lote fiscal. Siete años más tarde, en 1991 el gobierno se comprometió a entregar las 2/3 partes a las comunidades según lo requerido por ellas. Por su parte, las comunidades de los pueblos originarios se organizaron y en 1992 se establecieron como Asociación de Comunidades Aborígenes LhakaHonhat, obteniendo personería jurídica.

En 1995 el estado nacional empezó a construir un puente internacional en el lote en disputa. Frente a esto la Asociación presentó un recurso de amparo para que no se continuara con las obras y ante la falta de respuesta en 1998 acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006 la dictó su Informe de Admisibilidad en el caso 12094 y, seis años más tarde envió un informe señalando los derechos violados por el estado. En 2012 este órgano internacional otorgó al estado argentino un plazo de tres meses para entregar el título de propiedad colectiva sin divisiones internas a nombre de todas las comunidades. No obstante, a más de cinco años la recomendación permanece incumplida.