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Luego de un proceso de debate, consenso y construcción entre los distintos estamentos que integran el Consejo Superior, la Federación Universitaria del Litoral (FUL) y los gremios Docente y No Docente, se aprobó el “Protocolo y plan de acción para prevenir, abordar y sancionar las violencias que tengan como causa el género, la orientación e identidad sexual en los ámbitos de la Universidad Nacional del Litoral”. La norma fue aprobada por unanimidad, en la última sesión del Consejo Superior que se realizó este jueves por la tarde y fue presidida por el rector de la Enrique Mammarella. 
“El proceso por el que llegamos a la aprobación de este protocolo se inició tiempo atrás, después de la sanción del Protocolo General de Acción Institucional para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia de la UNL, en 2017”, explicó al finalizar el encuentro la secretaria de Extensión Social y Cultural de la UNL, Lucila Reyna. En este sentido, consideró que la aprobación constituye “un avance muy importante en la prevención y erradicación de las violencias contra de las mujeres y el colectivo LGBTIQ”. Con relación a cómo se construyó el documento aprobado por el Consejo, Reyna valoró que “se trabajó a partir de un proyecto con los gremios docentes, no docentes, la FUL, con los que acordamos un borrador final que fue presentado al Consejo. Una vez que ingresó al cuerpo, se realizaron nuevas modificaciones, y se logró perfeccionar la idea original, trabajando sobre algunos puntos que el seno del Consejo consideró, por lo que llegamos a la sesión con un acuerdo tal que permitió que se aprobara por unanimidad. Esto demuestra una madurez de la institución, en el tratamiento de los temas vinculados a la problemática de género”, agregó.

Sensibilizar, prevenir, acompañar
En esa misma línea se expresó la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL), Laura Tarabella, quien precisó que el proyecto “fue tratado de manera conjunta por las cuatro comisiones del Consejo Superior”. Asimismo, consideró de importancia los aportes que realizó junto a sus pares de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL), Adriana Ortolani; y de Ciencias Médicas (FCM-UNL), Larisa Carrera, sobre el proyecto original “para nutrir con algunos antecedentes y considerandos y luego incorporar los aportes que acercaron de los diferentes estamentos”. El trabajo en diversos encuentros y extensas reuniones de las comisiones del Consejo, “se materializa en el proyecto que salió con dictamen de las cuatro comisiones y que acabamos de aprobar”, remarcó Tarabella. 
Entre los antecedentes más cercanos del nuevo protocolo, la decana recordó también que “el mismo Consejo aprobó 15 días atrás, un programa de formación para prevenir, sensibilizar y una capacitación obligatoria en estas temáticas”, en sintonía con la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, a la que también adhirió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) esta semana. 
Consultada acerca de lo que aporta como abordaje específico a la problemática, la decana mencionó que sobre la base del trabajo que se viene realizando con el Protocolo General ante Situaciones de Violencia, se prevé “la creación de un equipo responsable que va a tener la función primordial de llevar adelante todas las instancias, desde la escucha, la contención, cómo canalizar las consultas, las denuncias, cómo recurrir al asesoramiento”. Además, “se conformará una Comisión de seguimiento que va a estar integrada por representantes de los estamentos del Consejo Superior, por Secretarías de la UNL, particularmente por la de Bienestar, Salud y Calidad de Vida, donde ese equipo responsable tiene asiento, integrado por profesionales que van a trabajar interdisciplinariamente; por la Secretaría General, con participación de la FUL, de ADUL y APUL”.  

Participación estudiantil
En representación del movimiento estudiantil, la consejera Gimena Traba también hizo referencia a “las instancias que nos dimos para discutir el proyecto con distintos sectores políticos. De ese proceso surgieron los distintos aportes que fueron ingresados al proyecto final, que firmé para ingresar al Consejo Superior”. Finalmente, destacó que “más allá de que contábamos con un protocolo general, desde el movimiento estudiantil consideramos de gran importancia contar con uno específico contra la violencia de género, ya que permite abordar esa problemática en los sectores más vulnerados históricamente y con los que todavía existe una gran deuda social. Los y las estudiantes somos los más vulnerables porque estamos en una situación de poder con respecto a otros claustros, es por eso que nos pone contentas y contentos haber consensuado este protocolo con las decanas y decanos que lideraron el proceso en el Consejo Superior y del claustro docente, porque esto implica una responsabilidad de todas las partes a la hora de ponerlo en práctica”.

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