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Ante las situaciones que ponen en discusión la transparencia tanto en la administración de fondos del sistema universitario nacional como en las asignaciones presupuestarias, atentando contra la credibilidad y el prestigio de las casas de estudio, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizó pronunciamientos públicos.

Consultado sobre el presupuesto que se trata en la legislatura nacional, el rector de la UNL, Miguel Irigoyen, subrayó que “la Universidad históricamente estuvo en contra de manejos discrecionales” y que con respecto al tratamiento del presupuesto que envía el Ejecutivo, más allá de la potestad de la Cámara de Diputados de la Nación, “siempre creímos en los acuerdos que se realizan en el CIN y en que modificar los fondos asignados en el proyecto de presupuesto no era una buena práctica para el sistema educativo superior”.

“En esta oportunidad, si bien no se modifica lo que envía la SPU, se confeccionó una planilla B por un total de 1028 millones de pesos para 22 de las más de 50 universidades que integran el sistema. Entre ellos está la UNL, pero más allá de que esto beneficie a la Universidad Nacional del Litoral, que históricamente fue perjudicada en la distribución presupuestaria, creemos que el proceso no es saludable para el sistema”, explicó Irigoyen.

Con respecto a las denuncias realizadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán, el rector aclaró que sólo se cuenta con información periodística: “hasta el día de hoy no ha llegado ninguna notificación formal”. Ante esta situación, Irigoyen aclaró que: “con los elementos que tenemos, nos colocamos a total disposición del juez que corresponda para que se realicen las investigaciones que se crean necesarias”.

Asímismo, el rector de la UNL, aseguró que la institución se ajusta a “todas las normativas vigentes” y que se realizan “todas las auditorías internas y externas que exige la ley”, por lo cual, y por respeto a la independencia del Poder Judicial, “la UNL insiste en que toda la información que sea necesaria y que sea requerida será prontamente tratada y remitida al correspondiente juzgado”.

Sobre la denuncia, Irigoyen señaló que “es genérica, no diferencia hechos concretos para cada una de las universidades, sino que realiza una serie de consideraciones a partir de lo cual solicita una investigación”, y continuó “creemos que en lugar de aclarar puede llevar a confusiones. Esperamos que no sea así y rápidamente se hagan los descargos que correspondan hacerse, que aquellas universidades que estamos en orden y tenemos un manejo trasparente sujeto a la Ley de administración de recursos nacionales no tenemos de qué preocuparnos”.

Por último, Irigoyen puso de manifiesto su preocupación y la de sus pares nacionales ya que la denuncia realizada a las 52 universidades “genera un descrédito social sobre el sistema universitario nacional, situación que no nos parece justa”.