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En el marco de las jornadas de Reforma Policial que organizó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), disertó el abogado Alberto Binder. “Reforma de la Justicia Penal en América Latina” fue el tema eje de su charla que se realizó el jueves 12 de junio en el Aula Mariano Moreno de esa facultad.
Binder indicó que en América Latina en los últimos años existe “un proceso en marcha” en cuanto a las reformas penales, similar al que se está produciendo en la provincia de Santa Fe. “Desde febrero, en Santa Fe se incorpora todo este cambio que se da también desde México hasta la Patagonia. Vemos como un hecho que son procesos vinculados a los procesos de democratización que se dieron luego de las dictaduras, de las guerras civiles internas y los procesos de pacificación”, destacó.
Según el especialista, ese cambio se encontró con una falta de instrumentos necesarios para enfrentar la criminalidad dentro de un contexto democrático. “Había que comenzar a trabajar sobre la justicia penal, lo que implicaba enfrentarse con un bloque que nosotros llamábamos ‘El Sistema Inquisitorial’, cuya investigación estaba en manos de algunos jueces y por debajo de ellos se movía un mundo policial autónomo. Ese era el sistema que tenía América Latina y que, de hecho, es el sistema del cual todavía no hemos podido salir y que es imposible de sostener para investigar los delitos”, acotó.
En este sentido, Binder indicó que hacía falta crear un nuevo “sujeto institucional” que hace 25 años prácticamente no existía como tal en América Latina: el Ministerio Público Fiscal, que en realidad estaba institucionalizado en muchos países, pero que no cumplía funciones relevantes. “Se trata del conjunto de los fiscales que nace para poder reorganizar el tema de la investigación de los delitos, que se logra con el rediseño de los códigos procesales penales, donde el juez sólo juzgue el caso”, recordó.

Disputas
Sumado a ese cambio de actores surgen posiciones adversas sobre la eficacia del sistema penal: “Por un lado, están los que creen que la justicia penal siempre será un maquinaria de atacar sectores vulnerables y que, por lo tanto, no tiene ningún sentido dar pelea. Por otro lado, estamos los que creemos que se trata de una empresa difícil, pero que siempre hay una chance de pelea política dentro de la Justicia. Para entender el proceso de reforma de la justicia penal hay que tener la mirada sobre el Ministerio Público Fiscal y qué tipos de disputas hay alrededor de él en la posibilidad de reconfigurar o no la política criminal de un país o de una sociedad”, continuó Binder.
Asimismo, indicó que en manos del Ministerio Público Fiscal se encuentra una determinada política de persecución penal, es decir, de los delitos que son prioridad atender, que a pesar de que pasaron 25 años de reformas “no está dando resultado” en América Latina.
Por otra parte, explicó que la organización de los recursos que se necesitan para que el Ministerio Público Fiscal funcione adecuadamente es algo sumamente complejo, porque también interviene el Sistema de Investigación de Delitos, cuyos actores, segmentos del Estado como las unidades de información financiera, de investigación sobre drogas, entre otros, hoy funcionan de modo descoordinado. “Cuesta organizarlos porque toca privilegios”, lamentó.

Relación con las víctimas
Una segunda línea de comprensión de los problemas de la implementación de los cambios tiene que ver con todo un mundo de relacionamiento con las víctimas, prosiguió Binder. “¿Cómo construimos herramientas que sean democráticas y respetuosas de las libertades públicas, pero que sean eficaces para enfrentar el problema de la criminalidad y las víctimas?”, cuestionó.
El especialista explicó al respecto que en el trabajo del Ministerio Público Fiscal con las víctimas surgió el problema del tratamiento del llamado “dolor social” y la emergencia de entes como los centros de atención a la víctima para gestionarlo, pero que sólo tenía que ver con un acompañamiento a mujeres y menores víctimas de delitos sexuales. “Luego se entendió que ese primer modelo no era suficiente y coincidió con el surgimiento de un fenómeno muy fuerte que obligó a cambiar la visión de la víctima: el fenómeno de la violencia doméstica, que sacó a las oficinas de asistencia de ese arrinconamiento institucional en que se encontraba, porque la violencia doméstica comienza a tener un carácter masivo al afectar a sectores más amplios”, destacó Binder y añadió que como consecuencia el Ministerio Público Fiscal debió encarar relaciones más estrechas con las víctimas.

Las penas en libertad
Binder planteó también que otro de los inconvenientes de los nuevos vientos de cambio fueron los relacionados con las penas en libertad, penas alternativas que se canalizan por medio de nuevos códigos procesales e instituciones. “Al mejor instrumento que tiene la justicia penal, ella misma se encargó de hacerle perder significado social, simbólico”, manifestó.
“El nuevo sistema de penas en libertad debe ser una respuesta más flexible al problema de las sanciones y las responsabilidades”, reflexionó.

Los jueces
Al mismo tiempo, citó que otro de los problemas con los que se encontró la reforma de la justicia penal en América Latina fue el del nombramiento de nuevos jueces luego de las dictaduras que padecieron los distintos países. “Los jueces habían tenido grandes compromisos con el aparato del terrorismo de Estado. De inmediato, surge la pregunta de cómo dotar a la democracia de nuevos magistrados”, enfatizó.
Fue un gran debate que tuvo dos respuestas, de acuerdo con el letrado: “una, que había que echar a todos los jueces; la otra, que había que cambiar el sistema de nombramientos, que desencadenó todo un movimiento de generación de consejos de magistraturas en Latinoamérica”.
“A la vez, costaba liberar a los jueces de la carga burocrático administrativa. Surgía también la discusión de cómo generar un modelo organizacional para que el juez no tenga que hacer otra cosa que estar en la sala de audiencia. Esto, que parecía un reforma menor, tenía un impacto inmenso en la cultura judicial que todavía se está jugando, porque empieza a requerir otro tipo de juez, de fundamentación de estilo oral, donde se lo ve haciendo su fundamentación”, expuso.
Binder dijo que este último problema dejó en evidencia que no es posible tener jueces independientes sometidos a modelos de organización inquisitorial. “No es sólo un problema de la justicia penal, pero que sí se evidencia en ella, porque está sometida a un cruce de fuego más fuerte y de legitimidad social más elevado”, finalizó.

Sobre Binder
Alberto Binder es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA); doctor en Derecho; miembro de la Comisión Directiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia; fundador y vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales, Penales y Sociales (Inecip); asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y otros países de América Latina.
También asesoró a la provincia de Santa Fe en el tema de la reforma policial y participó del programa Vínculos, también de la provincia.

Prensa UNL