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En el marco de los festejos por el 90° aniversario de la Reforma Universitaria, el 11 de junio se realizó la segunda charla del ciclo de discusión y formación "Ley de educación superior: presente y futuro" en el salón de actos de las facultades de Humanidades y Ciencias (FHUC) y Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
 Bajo el título "Autonomía universitaria", disertaron Adolfo Stubrin, Enrique Groissman y Luis Mántica. La mesa estuvo moderada por la decana de la FHUC, Liliana Paiz de Izaguirre.

El ciclo continúa el próximo martes 17 de junio a las 19 en el salón de actos de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ). Disertarán en la conferencia “Cogobierno universitario” Ricardo Gil Lavedra y José Luis Pivetta.

El concepto de autonomía
 La mesa fue abierta por Luis Mántica, quien se propuso analizar los impactos del concepto de autonomía “en el ordenamiento jurídico de cara a un debate de una nueva Ley de Educación Superior”.
 Comenzó definiendo a la universidad como “un universo simbólico con mitos que contribuyen a otorgar sentido a la realidad” y aseguró que “la autonomía universitaria forma parte de ese universo simbólico”. A continuación, Mántica sostuvo: “Un ente autónomo puede autodeterminarse, darse sus propias normas, su propio estatuto, tiene poder constituyente. Es un poder político porque implica un poder legislativo. La Constitución Nacional establece, a partir de la reforma de 1994, el principio de autonomía universitaria”.
 “La autonomía institucional está en el centro de la autonomía universitaria que es el poder de declararse sus propias normas”, continuó, al tiempo que aclaró: “Si bien aparece en la Constitución Nacional en 1994, la autonomía tiene una larga tradición en las universidades argentinas. A partir del ‘94 estamos frente a una asignación de competencia a favor de las universidades. Se avanza más porque lo que se hace es dar rango constitucional a los principios de la Reforma Universitaria”.
 Mántica explicó que “la autonomía universitaria se puede clasificar en autonomía institucional (que es la facultad de dictarse su propia norma fundamental, determina su estructura y sus objetivos), la autonomía académica (define todo lo curricular, los métodos de enseñanza y evaluación) y la autarquía económico-financiera (que consiste en administrar y suponer de los bienes del Estado, así como obtener recursos propios)”.
 Por último, el disertante señaló que “otro de los principios fundamentales es el de co-gobierno que es el derecho que tienen todos los integrantes de la comunidad universitaria a participar en las decisiones”.

La Universidad a la largo de la historia
 Enrique Groissman comenzó su discurso explicitando su objetivo: “Quiero proponer argumentos para el debate en torno a una nueva Ley de Educación Superior”. Para ello partió de la idea de que “las palabras tienen su historia: autonomía, cogobierno, libertad de cátedra, etc. no han significado siempre lo mismo”.
 El disertante explicó cada uno de estos conceptos teniendo en cuenta el contexto socio-histórico. Así, por ejemplo, señaló que “en el ‘18 no se proclama la autonomía, sino la participación y se reclama la intervención de la Universidad de Córdoba para avanzar hacia los objetivos de democratización”.
 Seguidamente, Groissman hizo un repaso histórico acerca de cómo eran conformados los consejos de facultades y universidades desde fines del siglo XIX hasta la actualidad y desarrolló algunas características de la Ley de Avellaneda, que fue la que rigió las universidades durante más tiempo: “Tanto prestigio tenía esta ley que Alfonsín la volvió a poner en vigencia a través de un decreto de necesidad y urgencia, ratificado por el Congreso”.
 “El concepto de autonomía no se puede definir a priori. Hay distintos órganos con distintos grados de autonomía”, remarcó el orador. A continuación, se refirió a la problemática de los títulos habilitantes: “Hay problemas, el tema es complicado y seguramente se van a ir más preocupados de lo que vinieron, pero yo no tengo la culpa de que sea un tema complejo”, advirtió. También habló del presupuesto universitario y de la necesidad de control de esos fondos porque son públicos.
 Respecto a la Ley de Educación Superior, Groissman aseguró: “Creo que la forma de gobierno y cómo deben conformarse los órganos de gobierno no deben ser temas de esta ley. La ley no es todo y tenemos la costumbre de querer poner todo en la ley, pero con las palabras no construimos las cosas. En la medida en que las normas se complican, ceden parte de su función”, concluyó.

Los atentados contra la autonomía
 “El centro de la Reforma Universitaria es el movimiento estudiantil, que tiene una historia más larga”, sostuvo Stubrin. En este sentido comenzó su discurso repasando algunos hechos y reclamos de este movimiento. Luego se centró en la Córdoba de 1918: “No hay que olvidar que la revolución rusa había sido un año antes. Ése era el cima de época. La Reforma Universitaria fue una resultante de esa época”, remarcó.
 A lo largo de su charla, Stubrin señaló las relaciones entre universidad, política e historia: “La autonomía y los preceptos de la Reforma tuvieron una vida muy accidentada. Nuestra historia es azarosa y llena de avatares. En cada uno de los cambios de régimen, se ha cambiado la configuración de la Universidad”.
 Después de un repaso histórico, el disertante sostuvo que “a pesar de los conflictos de los '90 en relación a la educación superior, creo que nos mantenemos firmes en los principios de la Reforma. Hubo grandes debates y el sistema universitario obtuvo algunas concesiones”.
 Asimismo, señaló las controversias entre la Ley de Educación Superior de 1995 y los principios consagrados en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y los distintos atentados que sufrió la autonomía universitaria. En este sentido se refirió a los episodios “muy graves” de impedimento de desarrollo de asambleas universitarias para designar autoridades como “interferencias políticas”.
 “Es necesario estar alerta y cuidar la autonomía. Debería haber política pública, no desde el Poder Ejecutivo, sino del Congreso y que la ejecución sea directamente realizada por las universidades”, advirtió finalmente, al tiempo que afirmó que “una ley reglamentarista sería una ley vacía e incluso peligrosa. No deberíamos permitir que un gobierno, por necesidades políticas, lleve a cabo este tipo de acciones”.