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Desde hace cien años a esta parte, la autonomía universitaria pasó por distintos momentos: fue clave en el movimiento reformista del 18, fue negada en las épocas oscuras de la historia argentina, recién reconocida por la Constitución Nacional en la reforma de 1994 y claramente influenciada por el mercado que caracterizó las políticas de los ‘90. Hoy hay quienes sostienen que nuevamente aparecen intentos “de retorno a un modelo en el que la autoridad sea ejercida por el Estado”, un punto que ya comenzó a llamar la atención de la comunidad académica.
“Aquellos que afirmaban que el mercado era el mejor ‘agente’ para coordinar el sistema de educación superior, hoy sostienen que corresponde al Estado (en realidad al Poder Ejecutivo), como representante de la soberanía popular, la definición de la política en materia de Educación Superior”, dijo el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Albor Cantard, frente a los máximos representantes de casas de estudio de todo el país, reunidas en el Foro de Educación Pública en el siglo XXI.
Cantard disertó en un panel también integrado por el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y vicepresidente del CIN, Eduardo Asueta; el Dr. Carlos Pérez Rasetti, secretario Ejecutivo de los Consejos de Planificación Regional de Educación Superior (CEPRES); y el Dr. Juan Carlos Pugliese, ex Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, y se refirió específicamente a la autonomía universitaria tras la Constitución del ‘94.
“La Constitución reformada en 1994, al momento de la distribución funcional del poder, adopta una definición que excede a los clásico tres poderes o departamentos y atribuye concretas competencias y facultades públicas a órganos e instituciones con autonomía funcional y autonomía institucional”, dijo Cantard. En este sentido, recordó que “cuando la Constitución Nacional habla de autonomía universitaria hace referencia al derecho de autogobernarse que tienen las universidades argentinas sin injerencia alguna en un clima de respeto, pluralidad, libertad con los alcances que la propia constitución le impone”.
El Foro sobre Educación Superior Pública en el siglo XXI tuvo lugar en Tucumán el 17 y 18 de marzo, y fue organizado por la UNESCO y el CIN. Representantes de más de 30 universidades públicas debatieron durante esos días los temas que formarán parte de la agenda de discusión de la Conferencia Regional de Educación Superior a desarrollarse en junio en Cartagena de Indias, como preparación para la II Conferencia Mundial de Educación Superior París +10, prevista para 2009.

“Zona de reserva”
Según destacó Cantard, “la nueva constitución no sólo limita las facultades del Congreso de la Nación sino que realiza una verdadera asignación de competencia a favor de las Universidades, creando de esta manera una verdadera zona de reserva de la universidad”.
Esta “zona de reserva” está constituida por un conjunto de atribuciones especificadas en la Constitución. “Se trata de una esfera de acción propia y exclusiva que no puede ser invadida por otro órgano o poder y que no depende de ley alguna pues es determinada por la propia Constitución, y esto es lo que precisamente hace la Constitución Nacional en materia de educación superior”.
Sin embargo, la década de los ‘90 –con el conocido avance del neoliberalismo y el mercado- significó un peligro para la autonomía universitaria. “Apareció otro agente dispuesto a asumir la coordinación del Sistema de Educación Superior: el mercado -dijo Cantard-. La especial influencia que en el neoliberalismo ejerce el mercado en todos los planos de la vida también se manifiesta en plano educativo. La base de toda coordinación por parte del mercado es el intercambio no regulado como medio de vincular personas y sectores. Los gobiernos intervienen en el mercado otorgando becas, apoyos financieros y distribuyendo los fondos públicos según la lógica y principios de la libre competencia”, comparó el rector. Y al mismo tiempo anticipó: “Hoy parece que nos encontramos frente a un intento de retorno a un modelo en el que la autoridad sea ejercida desde el Estado”.

Recuperar principios reformistas
Según el rector de la UNL, es indispensable recuperar “el universo simbólico” generado en la Reforma Universitaria del 18 y rescatar valores que hoy deben seguir siendo centrales en la definición del sistema de educación superior, como la autonomía y el cogobierno.
Son esos valores los que se constituyen como el centro de apoyo a partir de la cual una universidad “puede desarrollar la actividad académica-científico de excelencia y pertinencia con una responsabilidad en el plano social muy fuerte”, y los que la convierten “en una institución responsable de generar las alternativas que efectivicen un orden social más justo y democrático en el plano político, económico y social”.
“La universidad constituye un vínculo de formación de ciudadanos libres, aptos para integrarse a una sociedad democrática cada vez más compleja, su rol es el de educar, producir conocimiento científico socialmente relevante mediante la investigación y transferirlo al tejido social”, recordó Cantard.